06/2020

La pandemia desnuda los efectos de la captura corporativa

Desde fines del siglo pasado, las empresas transnacionales han proyectado su influencia a escala global, redefiniendo los márgenes de maniobra de Estados y organizaciones regionales e internacionales de diversa índole.

por Victoria Mutti

El papel desarrollado por estos actores ha originado transformaciones sustanciales en los procesos de producción, dando lugar a complejas y sofisticadas cadenas globales de valor, de las que directa o indirectamente participan cientos de miles de filiales, subsidiarias, contratistas, proveedores y trabajadores, ubicados estratégicamente en distintas partes del mundo para maximizar las ganancias de las casas matrices y los dividendos de sus accionistas. Asimismo, se constata que el grueso del comercio internacional se encuentra vinculado a estas cadenas globales de valor, y que existe una intrincada ligazón de estas redes de producción de bienes y servicios con los procesos de financiarización creciente de la economía mundial.

Las estrategias de las empresas transnacionales para la formación de cadenas globales de valor están estrechamente vinculadas a la posibilidad de transferir capitales a través de las fronteras nacionales y a la libertad para repatriar ganancias o dejarlas “offshore”. Esta relación entre capital financiero y productivo se pone de manifiesto al considerar la propiedad de las principales empresas transnacionales. En efecto, no solo se sabe que existe una altísima concentración en el control de las mismas por medio de una intrincada red de relaciones de propiedad, sino que estas conexiones confluyen en un conglomerado de no más de un centenar de intermediarios financieros. Se trata de una red global cuyo epicentro está compuesto por los principales bancos del mundo, precisamente aquellos considerados “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail) en el marco de la crisis financiera de 2008.

En paralelo, se observa que muchas empresas transnacionales registran ganancias que superan ampliamente el producto interno bruto de numerosos Estados, lo cual les permite desplegar no solo un desproporcionado poder estructural, sino también una enorme capacidad para capturar procesos clave de toma de decisiones o de influir de manera indebida en el ciclo de formulación de políticas públicas. Esta “captura de la democracia” y acceso privilegiado a la toma de decisiones incluye un abanico de herramientas que se ha complejizado de manera progresiva, y que va desde sobornos, tráfico de influencias y conflictos de intereses, hasta cabildeo, financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, “puertas giratorias” o uso de medios de comunicación masiva y “tanques de pensamiento”, entre otros recursos de poder.

Las áreas donde el peso de la captura corporativa ha sido más evidente giran en torno a la fiscalidad, los regímenes de comercio e inversión, así como los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde hace varios años, académicos, asociaciones de víctimas y organizaciones sociales, políticas y sindicales vienen denunciando incansablemente la existencia de una verdadera “arquitectura de la impunidad” en torno al accionar de las principales empresas en distintos sectores de la economía internacional (finanzas, electrónica, energía, minería, alimentos). Este entramado condensa diversos crímenes y abusos corporativos, desde fraudes hipotecarios, lavado de activos, evasión y elusión tributaria, hasta ecocidios e imposición de condiciones laborales cercanas a la esclavitud.

Mientras que, para hacer valer sus derechos, los trabajadores y las víctimas deben acogerse a sus ordenamientos jurídicos nacionales, las empresas transnacionales –con el apoyo de los gobiernos de sus países de origen– buscan proteger sus inversiones y legitimarse a través de la configuración de un andamiaje político y jurídico a escala bilateral, regional e internacional. Este andamiaje incluye cientos de acuerdos de libre comercio y tratados de inversión que funcionan bajo el paraguas de cuestionadas instancias de solución de controversias, y que contienen cláusulas en las cuales no siempre se contempla la reciprocidad. En este andamiaje jurídico-político se incluyen exigencias en torno a la desregulación del mercado laboral, el funcionamiento del sindicalismo y la reducción de impuestos, entre otros asuntos de interés corporativo, así como medidas de flexibilización (también demandadas a los Estados por organismos financieros, crediticios y comerciales internacionales).

Las consecuencias políticas, económicas y sociales de estas y otras medidas han contribuido a engrosar las estadísticas de indigencia, pobreza y desigualdad que generan zozobra en gran parte de la población mundial. Es precisamente en esta situación de extrema fragilidad en la que se produce la pandemia por el COVID-19, uno de los flagelos más dramáticos de la historia reciente, sobre todo en términos de los desafíos que enfrentan los sistemas de salud pública y seguridad social en casi todos los países del mundo. Se trata de una problemática cuya salida aún tiene dimensiones desconocidas y que, a diferencia de otras emergencias, no solo atañe a los países en desarrollo sino también a los países desarrollados. Frente a este panorama, cobra un carácter urgente la identificación de los principales desafíos regulatorios para ampliar el margen de acción de los Estados y enfrentar la crisis pospandemia.

Sin lugar a dudas, uno de estos desafíos surge de la erosión de las bases tributarias nacionales y el traslado de beneficios, ya sea mediante evasión y elusión tributaria, paraísos fiscales, flujos financieros ilícitos o fuga de capitales; todos componentes de una problemática global con gravísimas implicaciones para todos los actores estatales, pero en particular para los países en desarrollo. No solo porque estos países tienen una mayor dependencia relativa de los ingresos tributarios corporativos, sino porque sus niveles de recaudación determinan buena parte de las posibilidades de los Estados para financiar políticas públicas que contribuyan a reducir los efectos de la desigualdad en materia de salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo y otras políticas sociales. Si cabía alguna duda, la Pandemia puso de manifiesto la imperiosa necesidad de que las democracias no solo den cuenta de la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Para que los Estados puedan paliar la crisis resulta de vital importancia que los gobiernos realicen mayores esfuerzos en el ámbito regulatorio de la tributación corporativa. Por un lado, debe respaldarse y dar seguimiento a las iniciativas internacionales tendientes a alcanzar una mayor justicia fiscal y a lograr que las empresas transnacionales paguen adecuadamente sus impuestos. En este marco, se requiere que los países desarrollados contemplen no solo sus intereses estratégicos, sino también los condicionamientos y necesidades que enfrentan los países en desarrollo. También se requieren soluciones consensuadas que, en el contexto de una recesión generalizada, impidan la aceleración de una “carrera a la baja” para atraer inversión extranjera directa. Aquí cabe pensar en proyectos complementarios que puedan surgir en ámbitos regionales o subregionales. Por otro lado, se torna necesario analizar las transformaciones de las cadenas globales de valor frente a los obstáculos derivados de la pandemia. En este sentido, si bien es de esperar una mayor digitalización, también se avecina una ampliación de la brecha existente entre países en desarrollo y desarrollados. En consecuencia, se requiere dar especial seguimiento a las negociaciones tributarias globales que permitan alcanzar una solución de consenso frente los desafíos derivados de la digitalización de la economía.

Otro de los aspectos a considerar frente a la pandemia del COVID-19 surge de la necesidad de que los Estados velen con más fuerza por la observancia de los derechos humanos, laborales y medioambientales en el contexto de las actividades corporativas, pues cabe pronosticar que las tensiones y violaciones a estos derechos se agudicen ante un escenario de crisis económica global y caída de beneficios. En efecto, confederaciones sindicales y organizaciones sociales denuncian la existencia de despidos masivos de trabajadores, falta de medidas de protección sanitaria, abusos a pueblos originarios en el marco de actividades extractivas, entre otros graves conflictos. De esta forma, hasta que se alcance un ordenamiento jurídico internacional de carácter vinculante en materia de empresas y derechos humanos, el rol del Estado resultará vital en la defensa y salvaguarda de estos derechos. La pandemia desnuda la captura corporativa y reivindica el papel del Estado como garante de derechos, de políticas públicas activas e instrumentos redistributivos.

Tal como indicamos al inicio, al hablar de captura corporativa nos referimos a un fenómeno multidimensional. Por ello, para que las respuestas sean efectivas se debe desarrollar un enfoque integral que brinde respuestas específicas tanto a cada una de las áreas afectadas como al conjunto. Asimismo, por referirse a una problemática multiescalar, las distintas iniciativas de regulación democrática de la actividad corporativa deberían ser encaradas simultáneamente en varios niveles, no solo a nivel subnacional y nacional, sino también regional e internacional, con miras a alcanzar en el mediano plazo un abordaje supranacional.

Victoria Mutti es investigadora y docente en el Programa de Estudios Globales de FLACSO Argentina. Fue coordinadora del Proyecto regional sobre Empresas Transnacionales y Captura Corporativa (Fundación Friedrich Ebert).

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